P2P: ¿delito? ¿ilegal? ¿ilícito?

25 enero 2008
rcastillo

Una gran mayoría de los internautas de este país hacen un uso habitual de programas de intercambio de archivos (P2P) como emule para descargarse películas, música, videojuegos, etc… Pero, ¿esto es legal?, ¿nos pueden investigar?, ¿qué consecuencias tiene?.

Ayer y hoy salieron en prensa sendos artículos que aclaran bastante al respecto, el primero de Carlos Sánchez-Almeida en El Abogado del Navegante, y el segundo de David Bravo en 20 minutos. Después de la lectura de ambos las conclusiones que saco son las siguientes:

  • Descargarse archivos por P2P no es delito si se realiza para consumo propio y sin ánimo de lucro.
  • La descarga de archivos vía P2P puede constituir una infración civil de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), ya que ésta a raíz de su reforma redefine el concepto de copia privada y considera comunicación pública «la puesta a disposición del público de obras, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija», de manera que por vía civil los tribunales podrían considerar actualmente esas copias como ilícitas y dar lugar por tanto a las indemnizaciones previstas en la LPI en caso de denuncia.
  • Es posible ser demandado por compartir películas y música vía P2P pero bastante improbable, ya que para poder acusar a alguien de compartir sus archivos debe ser previamente identificado, y para ello un juez civil debería autorizar una intervención de comunicaciones cuya privacidad está garantizada por el artículo 18 de la Constitución. De hecho alguna entidad ha intentado demandar a usuarios por vía civil pero se ha encontrado con este obstáculo.
  • Las copias de videojuegos no tienen el mismo tratamiento que las películas y música, ya que la LPI admite la copia privada de cualquier obra intelectual a excepción de los programas de ordenador, de los que sólo se permite la copia de seguridad del original. En este supuesto estaríamos ante una infracción civil si se carece de ánimo de lucro, y penal en caso de tenerlo.

Me quedo con la reflexión del último párrafo del artículo de Carlos Sánchez-Almeida:

La Ley de Propiedad Intelectual de 2006 ha colocado fuera de la ley civil a la mayor parte de los internautas españoles, pero difícilmente serán demandados. Quizás habría que preguntarle a nuestros parlamentarios qué sentido tiene legislar de espaldas a la realidad.

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